El 80% de los trabajadores que estaban en ERTE en el punto álgido de la crisis ya se han reincorporado
Se espera una recuperación del PIB favorecida por la continuación de las políticas expansivas; en particular, por efectos del NGEU
En las convocatorias del Ministerio, el papel mayoritario siempre ha sido de las PYMES, no de las grandes corporaciones, y eso no será diferente con las ayudas europeas
«A raíz de la desescalada del verano pasado se produjo una mejora considerable en cuanto a ocupación, que se interrumpió en agosto», señaló Oscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, «sin embargo, ha empezado a reactivarse desde marzo». Así se expresó Arce en una sesión dirigida a los Alumni bajo el título Fondos europeos: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, moderada por la profesora Núria Mas, que tuvo lugar el pasado 22 de junio. En efecto, los indicadores a corto plazo de la economía española corroboran ese progreso en cuanto a actividad desde 2020, que ha aumentado aún más recientemente… y que se espera que lo siga haciendo.
«España en 2020 movilizó un volumen de recursos inédito para hacer frente a la COVID, equivalentes al 20% del PIB», añadió Raül Blanco, secretario general de Industria y PYMES del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿El objetivo? Proteger la renta de los trabajadores, el tejido productivo y el estado del bienestar.
Tanto es así que el 80% de los trabajadores que estaban en ERTE en el punto álgido de la crisis ya se han reincorporado. Las empresas mantienen una visión positiva tanto en empleo como en facturación, con lo que suponen que el tercer trimestre de este año será mejor que el segundo. Con todo, a pesar de la mejora del contexto económico y sanitario, existen diversos elementos de incertidumbre:
- La pandemia en sí, que dependerá de la estrategia de vacunación y riesgos asociados a las nuevas variantes del virus.
- El consumo privado, pues en las economías avanzadas el ahorro ha subido mucho.
- Los efectos persistentes de la crisis sobre el crecimiento potencial, que pueden darse en el tejido productivo o en el mercado de trabajo.
- La efectividad de las políticas públicas.
Sin embargo, el elemento determinante será el programa europeo Next Generation EU (NGEU), cuyo éxito dependerá de su grado de ejecución y efecto multiplicador. Se prevé que actúe como palanca de recuperación y herramienta modernizadora. Ahora bien, las estimaciones sobre su alcance son inciertas. «Se espera, en cualquier caso, una recuperación del PIB favorecida por la continuación de las políticas expansivas; en particular, por efectos del NGEU», dijo Arce.
Así pues, estas ayudas funcionarán como una palanca para una transformación estructural siempre y cuando se haga «una selección rigurosa de proyectos, una complementación con reformas que favorezcan la reasignación de recursos, y un uso de las mismas para mitigar los costes a corto plazo de algunas reformas».
A partir de ese programa, España aplicará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho documento aglutina 10 «políticas palanca», entre las cuales se incluye la modernización y digitalización del ecosistema de empresas. Se trata de una palanca importante porque España comparte con Europa importantes retos a largo plazo, como la brecha frente a los principales países competidores, tanto en gasto en innovación –Corea del Sur es la primera economía en cuanto a gasto en I+D en el sector público y en el empresarial– como en emprendimiento, con EE. UU. a la cabeza en cuanto a grandes tecnológicas.
Entre los «componentes» de dicha palanca se encuentran el llamado Política industrial 2030, que incluye la digitalización de sectores estratégicos y la modernización y sostenibilidad de la industria y del sistema de gestión y tratamiento de residuos, así como el Impulso a la PYME, que pretende incrementar del tamaño de las empresas, facilitar la creación de las mismas, mejorar el clima de negocios y ganar competitividad.
Este primer componente, Política industrial 2030, será esencial por su contribución a proyectos tractores de digitalización de sectores productivos estratégicos –agroalimentario, de movilidad sostenible, de la salud y del comercio–, y se llevará a cabo mediante infraestructuras de datos compartidos sectoriales, innovación en base a los mismos de procesos/productos/servicios, e instrumentos de colaboración público-privada sectoriales. Además, propondrá un nuevo marco estratégico que aborde la denominada servitización de la industria, el cual partirá de un proceso colaborativo público-privado, así como una flamante ley de industria que actualizará los mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, los sistemas de calidad y seguridad, y el régimen de infracciones y sanciones. Como colofón, dará un impulso a proyectos estratégicos para la transición industrial, de innovación y sostenibilidad y de digitalización en procesos y organización. Todo ello, con foco en las pequeñas y medianas empresas.
«Hasta ahora, en las convocatorias del Ministerio el papel mayoritario siempre ha sido de las PYMES, no de las grandes corporaciones, y eso no va a variar», aclara Blanco. «Habrá un reconocimiento especial para ellas, que están acostumbradas a presentarse a tales convocatorias de concurrencia competitiva». Así pues, la única diferencia será una mayor asignación de recursos. Ni siquiera se les hará un examen periódico, sino que será el Gobierno el que deberá someterse a una supervisión cada seis meses para ver si cumple sus objetivos a través de los proyectos aprobados.
«De hecho, los términos de la financiación de estas ayudas son intachables», apunta Arce. «Además, son a largo plazo… en un contexto europeo donde hacen falta activos de alta calidad crediticia; es decir, de bajo riesgo». Si bien «no nos pondrán al nivel de Estados Unidos», asegura que dichos activos son importantes en cualquier caso porque fundamentan la buena marcha de los sistemas económicos.
