La línea permitirá a la ICF otorgar préstamos directamente a autónomos y empresas afectados por el COVID-19, y avalar los créditos y préstamos otorgados por las entidades financieras
La Generalitat ha aprobado este martes el convenio que regula el fondo asociado a la línea de financiación ICF crédito COVID-19 de 700 millones de euros para cubrir las necesidades de liquidez de autónomos y empresas afectados por la crisis del coronavirus.
Esta línea de financiación se pone ahora en funcionamiento después de una fase de análisis y aprobación por parte del consejo de ministros del gobierno español. Así, el ICF podrá otorgar directamente financiación a autónomos y empresas que se hayan visto afectados por la pandemia y tengan necesidades de liquidez derivadas de la emergencia actual. El objetivo de estos préstamos es apoyar al tejido económico catalán y priorizar el mantenimiento de puestos de trabajo.
Los préstamos se podrán solicitar por importes de hasta un máximo de 2,5 millones de euros. La Generalitat asumirá el 80% del riesgo vivo.
Los autónomos y pymes podrán devolver el crédito a un máximo de 5 años, con posibilidad de carencia de hasta 1 año. Para el resto de empresas, el plazo máximo será de 4 años, hasta un año de carencia incluido.
El acuerdo también autoriza el ICF a avalar los préstamos otorgados por entidades financieras directamente relacionados con el COVID-19. En este caso, el aval emitido por el ICF ante las entidades financieras será como máximo del 80% del principal y con un máximo de 5 millones de euros por empresa.
1.000 millones de euros para empresas afectadas por el COVID-19
La línea de préstamos ICF crédito COVID-19, dotada con 700 millones de euros, complementa la línea ICF-Avales liquidez COVID-19 que posibilita que Avales de Cataluña avale el 100% de los préstamos formalizados a través del ICF y las entidades financieras. El objetivo de esta iniciativa es cubrir las necesidades de circulante de autónomos y pymes y asegurar el mantenimiento de puestos de trabajo. En total, Avales pondrá a disposición del tejido empresarial 300 millones de euros.
