“La moda de reclamar por todo va a más y es peligrosa”

 

En los últimos veinte años la situación ha evolucionado mucho y el despacho busca cubrir ese espacio de especialización en derecho penal, sobre todo en su vertiente económica. La complejidad de las relaciones económicas hace que aparezcan nuevas formas de delinquir, de defraudar al fisco y nuevas relaciones jurídico privadas con el Estado. El derecho penal se ha adaptado.

 

¿Cómo se ha producido esta adaptación?

Bueno, en primer lugar, con la promulgación del Nuevo Código Penal de 1995, que aún hoy esta siendo asumido por la sociedad, tanto por lo que se refiere al texto original como por aspectos más novedosos, como los relacionados con las nuevas tecnologías. La ciencia del delito es la misma con Internet o sin ella, pero está claro que había dificultad de encajar ciertos delitos. Por ejemplo, a un gestor de una empresa con plenos poderes sobre los activos de la compañía se le podía atacar por la vía civil, pero era difícil encuadrar su conducta desleal con los accionistas en la tipología penal. Tenía todo el mando desde un momento determinado y, en la práctica, podía hacer y deshacer a su antojo. Su respuesta ante eventuales responsabilidades se limitaba a lo que le exigían los accionistas en la junta y a grito pelado… Todo esto se ha acabado y ahora ya se puede decir que el Código Penal no es sólo para los pobres.

 

El Código Penal es para todos, pero ¿no comparte la sensación de que el poderoso siempre se libra de acabar en prisión?

Yo creo que esto es más una sensación que una realidad. En ámbitos jurídicos se comenta que los años 70 fueron de los abogados laboralistas, los 80 para los fiscalistas y desde los 90 asistimos al reino de los penalistas. Contemplamos la criminalización de las relaciones sociales, en distintos ámbitos, como la política, con casos de malversación de caudales públicos o de financiación irregular de los partidos, o en las empresas, dónde hemos contemplado como presidentes de importantes entidades financieras se sentaban en el banquillo de los acusados. Todo esto era impensable hace unos años, y ha ocurrido en la última década.

 

Aún así, los poderes fácticos tienen siempre la posibilidad de contratar buenos abogados, dilatar los procesos y, en muchos casos, librarse de lo peor…

No creo que esta afirmación se corresponda con la realidad. El sistema procesal tiene prevista la defensa de oficio para cualquier persona encausada y que no pueda pagarse un abogado. El que tiene dinero designa a su letrado de confianza y parte con la ventaja de que su abogado puede dedicarse en exclusiva al caso, mientras que el ministerio fiscal está desbordado. De todas formas, hoy esto ya está más equilibrado y el Estado cuenta con más instrumentos legales para plantar batalla, investigar a fondo los asuntos y asegurarse de que nadie tenga privilegios.

 

¿Cuál es la contribución de los medios de comunicación en la denuncia de los casos de corrupción y otros delitos?

Los medios ponen de relieve muchos casos de corrupción política y de irregularidades empresariales. Los medios provocan que se haga esta persecución y añaden presión a la fiscalía para que no se duerma. El poderoso o el conocido por la opinión pública va a salir en la foto y el que no lo es, pues no. El control es superior y los jueces se han de esmerar en razonar muy bien sus sentencias.

El peligro de esta justicia tan pública es que se realicen juicios paralelos en los medios, con el inconveniente de que los casos conocidos muchas veces se alargan mucho en el tiempo, y muchas veces hay presunción de culpabilidad antes de llegar a juicio.

 

¿Qué otros nuevos temas han cobrado relevancia penal en los últimos años?

Muchos, pero uno de los más novedosos es el de la siniestralidad laboral, que antes se quedaba en el ámbito civil. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quiere que los trabajadores tengan los medios para hacer bien su trabajo. La tendencia, aunque estamos aún lejos de lo que ocurre en Estados Unidos, es ir a una judicialización de las relaciones sociales. Aún hoy, en España estamos lejos de buscar el resarcimiento económico a toda costa, en cualquier circunstancia, pero la moda de reclamar por todo va a más y es peligrosa. Todo se valora económicamente. Se está criminalizando la vida social.

 

En el ámbito privado, sin embargo, parece que está en auge el recurso a los tribunales de arbitraje…

Sí, porque los particulares se han dado cuenta de que la justicia ordinaria ofrece una respuesta más lenta y, por lo tanto, mucho más cara, que los tribunales arbitrales. No ocurre lo mismo en los temas con trascendencia penal dónde, insisto, asistimos a la criminalización de las relaciones interpersonales, con el consiguiente abuso del Código Penal. Pienso que el Estado debería tener otros mecanismos.

 

Su despacho es una muestra de que esta criminalización de la vida social puede ser muy rentable, ¿no?

Nosotros podemos funcionar con ocho abogados especializados en Derecho Penal, que es la materia que tocamos aquí, y esto era inimaginable hace sólo unos años. Pero es que, sobre todo en el ámbito empresarial, asistimos a una explosión de casos de disputas entre socios, peleas entre hermanos o primos en las empresas familiares, entre accionistas y ejecutivos en las compañías que cotizan en bolsa, etc. Hasta nos vienen matrimonios en proceso de separación que quieren explorar la posible interposición de querellas a sus cónyuges.

 

¿Cree que este proceso tan radical, que provoca estos abusos del Código Penal, no tiene freno?

Es una cuestión de tiempo que esto se arregle. El Derecho Penal no soluciona los problemas sociales, sino que exige responsabilidades por los propios actos y busca, sobre todo, reeducar. Pero, cuando antes decía que el Estado debe ser imaginativo y aportar otras soluciones, me refería a que es preciso encontrar otros sistemas de redención que no sea la prisión, como los arrestos de fin de semana, los trabajos para la comunidad, la reparación a las víctimas. El cambio costará, pero se irá imponiendo.

 

Como abogado penalista, ¿defiende Ud. a cualquiera, sea cual sea el delito que se le impute?

En el Derecho Penal económico no todo es blanco o negro, hay matices. Los clientes de los abogados, sean éstos penalistas o no, al primero al que mienten es al que les va a defender. Te dan explicaciones de por qué han actuado de una determinada manera y todos los abogados valoramos internamente esa conducta, aunque no somos jueces.

Yo tengo muy claro que debo velar por que a mi cliente se le aplique la legalidad con garantías y pague por lo que ha hecho, pero no por lo que no ha hecho. De todas formas, volviendo a su pregunta, sí, hemos renunciado a llevar algún caso.

 

¿Piensa aprovechar el auge del Derecho Penal y los diez años de vida del despacho para expandirse fuera de Cataluña?

Nosotros tenemos despacho en Barcelona, y el Derecho Penal, a diferencia de otras disciplinas, es muy local. No creo que lleguemos a ver una homologación europea en este terreno. Desde Molins Advocats cubrimos sin problemas temas que se desarrollan en Madrid y a veces nuestros clientes nos piden que actuemos en otras ciudades de España, pero estamos muy centrados en Barcelona y Cataluña.

Nuestra idea es continuar como estamos, al margen de esta tendencia a la concentración de los despachos de grandes estructuras y a cargarse a los pequeños y medianos. Yo me resisto a esa ola, y nos va bien así. El Derecho Penal es distinto, entre otras cosas porque aquí está en juego unos bienes de naturaleza superior, como son la libertad y la propia vida.